Desvelando la Estafa Siniestra: Impacto y Consecuencias en Hidalgo en el 2024

Lo que comenzó como una serie de denuncias aisladas rápidamente se convirtió en uno de los escándalos más sonados en el estado de Hidalgo, destapando lo que ahora muchos denominan «La Estafa Siniestra». Este complejo entramado ha dejado al descubierto las vulnerabilidades del sistema y ha desencadenado una oleada de exigencias por transparencia y justicia en Hidalgo.

¿Qué es la Estafa Siniestra?

La «Estafa Siniestra» constituye uno de los escándalos de corrupción más impactantes que se han dado a conocer en Hidalgo, México, durante la pandemia de Covid-19. Este caso detalla cómo una red conformada por alcaldes y exfuncionarios estatales lograron desviar una suma astronómica de 522 millones de pesos del erario público. A través de al menos 13 municipios y dos Secretarías gubernamentales, este entramado corrupto orquestó operaciones ilícitas para beneficiarse ilegalmente de fondos destinados para la contingencia sanitaria.

El descubrimiento del fraude fue revelado por el gobernador Julio Menchaca poco después de asumir su puesto en septiembre de 2022, marcando un punto crucial en la lucha contra la corrupción del estado. Inicialmente, se hablaba de un desvío sospechoso superior a los 200 millones de pesos; sin embargo, las investigaciones destaparon que lo encontrado era solo «la punta del iceberg». Uno de los episodios más notorios vinculados a esta estafa ocurrió en Huautla, donde se denunció un intento por justificar compras infladas con aditamentos sanitarios inexistentes o sobrevalorados. Este complejo esquema no solo destaca por las sumas desviadas sino también por el descaro con el que se intentaron legitimar gastos absurdamente excesivos bajo el pretexto de combatir la pandemia.

¿Cómo funcionaba la Estafa Siniestra?

El mecanismo detrás de la «Estafa Siniestra» se desplegó a través de un sofisticado plan que involucraba solicitudes de fondos extraordinarios por parte de los alcaldes al gobierno estatal. Estos recursos, gestionados inicialmente ante la Secretaría de Finanzas bajo el mando de Jessica Blancas Hidalgo, estaban destinados oficialmente para proyectos de infraestructura y adquisición de insumos necesarios para enfrentar la pandemia COVID-19. Sin embargo, lejos de cumplir su propósito benéfico, se desviaron mediante un esquema corrupto perfectamente orquestado.

Tras recibir la luz verde en forma de adjudicaciones directas —un método que ya prescindía del escrutinio competitivo—, los montos asignados fluían directamente a cuentas bancarias municipales. A partir de aquí, en lugar de destinarlos a su fin legítimo, el dinero era canalizado hacia empresas fachada. Sorprendentemente, estas mismas empresas habían sido contratadas previamente por dos secretarías durante la administración estatal anterior, lo que sugiere una red preexistente o al menos una modus operandi arraigada dentro del entramado gubernamental.

El papel de Jessica Blancas

Jessica Blancas, quien fungió como Secretaria de Finanzas de Hidalgo, está bajo investigación por presunto desvío de fondos durante su gestión. Tras la investigación, Blancas desapareció del ámbito político y se trasladó a Texas, EE.UU., específicamente al suburbio de Woodlands, un área conocida por albergar a millonarios. Su salida coincide con la detención de Verónica N., colaboradora en la Secretaría, acusada de peculado en relación con una compra no comprobada de servicios informáticos por 12 millones de pesos. Además del caso financiero, a Blancas también se le investiga por el manejo inadecuado de un terreno adquirido en 2022, ya recuperado por las autoridades.

El Juzgado Primero de Distrito en Hidalgo negó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión solicitada por Jessica Blancas, ex Secretaria de Finanzas durante el gobierno de Omar Fayad. Esta decisión, publicada el 18 de enero de 2024, se basó en información del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Santiago Nieto Castillo, exencargado de la PGJEH, comentó que Blancas buscó amparo «por temor», a pesar de que no existía una orden de aprehensión en su contra en ese momento.

¿Quiénes son los alcaldes detenidos por la Estafa Siniestra?

La operación de la «Estafa Siniestra» ha llevado a varios alcaldes ante la justicia, evidenciando el alcance y la profundidad de la corrupción. Entre los detenidos se encuentran:

Fidel Arce Santander (PRI) de Epazoyucan

Detenido por el desvío presunto de 14 millones 215 mil 780 pesos, fondos que solicitó para la supuesta rehabilitación de caminos rurales.

Elías San Juan (PRI), de Yahualica

Acusado por un desvío de 29 millones 224 mil 727.36 pesos. De este monto, 15 millones estaban destinados para desarrollo tecnológico incluyendo una aplicación móvil y sitios web para la administración pública, mientras que el resto se asignó supuestamente a fumigación y arcos sanitizantes.

Felipe Juárez Ramírez (Partido Encuentro Social), de Huautla

Se enfrenta a acusaciones por malversar 26 millones 615 mil 780 pesos, divididos entre la supuesta mejora de infraestructura vial y recreativa, así como para adquisición de insumos contra el COVID-19.

Luis Enrique Cadena (Morena), de Nopala de Villagrán

Se le acusa del desvío de 71 millones 960 mil 890 pesos. Los fondos fueron reportados como utilizados en el arrendamiento maquinaria para carreteras y limpieza de una presa por proliferación del mosco culex. A pesar de las graves acusaciones, Cadena evitó la prisión preventiva mediante amparos y mantuvo una postura desafiante en redes sociales.

Luis Francisco González Garay (PRI), de Pisaflores

También implicado en casos similares sin especificar montos o detalles específicos hasta el momento.

Este conjunto diverso muestra cómo políticos desde diferentes partidos y municipios participaron en este extenso esquema corrupto, impactando significativamente en recursos públicos que deberían haberse empleado para combatir los efectos pandémicos.

Funcionarios públicos del gobierno de Fayad detenidos por la Estafa Siniestra

En relación con la «Estafa Siniestra,» varios ex miembros del gabinete del gobierno de Omar Fayad en Hidalgo han sido detenidos, evidenciando aún más el alcance de esta red de corrupción:

Víctor Eloy Porras Oaxaca

Ex Director general de recursos materiales de la Oficialía, fue detenido el 13 de junio, enfrentando acusaciones por peculado agravado relacionadas con un desfalco superior a los 18 millones de pesos. Este involucramiento subraya las profundas raíces que tiene la corrupción en diversos niveles administrativos y refleja cómo se manipulan los recursos destinados al bienestar público.

Martiniano Vega Orozco

Quien ocupó el cargo de Oficial Mayor, fue arrestado el 21 de julio en Pachuca, imputado por su participación en el desvío de casi 18 millones de pesos para la adquisición fraudulenta de más de 34 mil litros de crema quirúrgica. La especificidad y extravagancia del ítem comprado llama la atención sobre cómo se encubrieron estos actos ilícitos.

Pablo Moreno

Ex Subsecretario de Educación durante el sexenio del priista Omar Fayad, fue detenido el 5 de abril bajo cargos relacionados con el desvío pecuniario estimado en 140 millones de pesos. Se alega que este monto se destinó a la compra ficticia de un software para rectificar un supuesto hackeo al sistema digital educativo. Esta detención no solo destapa malversaciones flagrantes sino también sugiere una capa extraña y sofisticada dentro del fraude: la invención tecnológica como coartada.

Otros políticos investigados en relación con la Estafa Siniestra

La «Estafa Siniestra» ha llevado a una amplia red de investigaciones que apuntan a varios políticos y funcionarios de distintas regiones y partidos políticos. Entre aquellos bajo escrutinio por su posible participación o conexión con el esquema de corrupción, encontramos:

Hugo Ramírez López (PESH), Atotonilco el Grande: Su investigación sugiere una trama de corrupción que trasciende los límites municipales y penetra en estructuras más amplias del poder local.

Alejandro Sierra Tello (PRI), Mineral del Monte: Su implicación resalta cómo prácticas corruptas pudieron haber afectado diversas áreas gubernamentales.

Miguel Taboada Vargas (Nueva Alianza), Singuilucan: Representa otra pieza dentro del complejo rompecabezas de malversación y abuso de fondos públicos que caracteriza a esta estafa.

Salvador Jiménez (PRI), Tepeji del Río: Su caso añade al dossier evidencia de cómo recursos destinados para la emergencia sanitaria pudieron ser canalizados hacia fines ilícitos.

Edgar Moreno Gayosso (PRI), Zacualtipán; Julio César González (PRI), Huazalingo; y Erik Carbajal (Morena), Acaxochitlán: Cada uno, desde su posición, enfrenta acusaciones que les colocan en el entramado de decisiones financieras cuestionables. Sus investigaciones subrayan la diversidad partidista de los implicados, mostrando que la corrupción no discrimina por colores políticos.

Adicionalmente, se destaca el caso especial del ex contralor César Román Mora Velázquez, contra quien pesa una orden de aprehensión internacional emitida por Interpol. Las acusaciones sobre él incluyen amenazas, tráfico de influencias y peculado. La gravedad y naturaleza internacional de las medidas tomadas subrayan la seriedad con la que se está abordando este caso, extendiendo sus ramificaciones más allá del ámbito local o nacional.

Advertencia de la PGJEH

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha emitido una clara advertencia en el contexto de las investigaciones sobre la denominada «Estafa Siniestra», señalando que ningún presidente municipal implicado está exonerado y que las averiguaciones continúan en curso para esclarecer todos los hechos relacionados con el caso. Este firme posicionamiento subraya el compromiso con la rendición de cuentas y la recuperación de los fondos públicos defraudados.
El objetivo prioritario es lograr que se reintegre el total defraudado al erario y canalizar estos recursos hacia el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, un mecanismo enfocado en revertir los daños causados por actos de corrupción mediante la redistribución equitativa de los activos recuperados hacia programas y proyectos de beneficio social.

En el marco de estas indagatorias, han surgido nombres de diversas empresas presuntamente involucradas con operaciones irregulares junto a los ayuntamientos bajo investigación. Entre ellas se encuentran:

Team XAO S.A. de C.V., con María del Rosario Quiroz Moguel como una de sus representantes legales. Esta empresa fue marcada dentro del padrón de proveedores de Oaxaca como una entidad fachada, sugiriendo operaciones posiblemente ficticias o infladas.

Grupo Constructor CYRPO S.A. De C.V., cuyos socios también serán objeto de investigación para determinar su posible participación en actividades fraudulentas relacionadas con servicios y contrataciones municipales.

Aktaion digital S.A. De C.V., destacada por tener diferentes representantes legales como Vianey Yadira Mora Marín y Tania Edith Ayala Trejo, lo cual podría indicar intentos por diversificar las responsabilidades o encubrir prácticas indebidas.

Grupo Constructor Integral Cardavi S.A. De C.V., con Jessica Gómez Mendoza registrada como representante legal, es otra empresa señalada que será revisada bajo la lupa investigadora para desentrañar cualquier vínculo irregular con los recursos públicos en cuestión.

100 millones de pesos recuperados de la Estafa Siniestra

El gobierno de Hidalgo ha logrado un significativo avance en la lucha contra la corrupción implicada en el caso conocido como «Estafa Siniestra», recuperando más de 100 millones de pesos hasta ahora. Esta suma representa un fragmento crucial del total defraudado por medio de operaciones corruptas y malversaciones asociadas a funcionarios públicos y empresas fachada. La recuperación es parte de los esfuerzos meticulosos realizados para rectificar las injusticias financieras cometidas contra los recursos del estado y refleja el compromiso de las autoridades con la transparencia, la justicia, y el bienestar público.

Estos fondos recuperados se destinan al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, cuya misión es gestionar el retorno efectivo de los activos recuperados hacia proyectos que benefician directamente a la comunidad, promoviendo así una distribución más equitativa y justa de los recursos. El éxito en la recuperación de estos montos también envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales que enfrentan aquellos involucrados en prácticas corruptas, reafirmando el principio de rendición de cuentas en la administración pública.